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Inmigrantes le acusan de falsas promesas
Publicado: 25/02/2008
TAMPA – Sergio Pinto llegó a Tampa en el 2001, con muchas deudas y rebosante de carisma.
Antes, en Pittsburgh, tuvo un restaurante, fue actor en el programa Mister Rogers' Neighborhood y dueño de un negocio de traducciones. Vino a Tampa, una ciudad con un clima más parecido al de su nativa y con una necesidad mucho mayor de su talento como intérprete de español a inglés y viceversa.
Pero el cambio de paisaje no alteró sus problemas monetarios.
Para marzo del 2002, cinco meses después de firmar un contrato de arrendamiento de $627 al mes, Pinto fue desahuciado de su apartamento en Seminole Heights por falta de pago.
Ese año, Pinto descubrió una nueva empresa para complementar sus ingresos de traducciones para clientes como la oficina federal de defensoría pública. ¿Sus nuevos clientes? Los indocumentados.
Quienes respondieron a sus ofertas aseguran que, por $6,000, ofrecía conseguir permisos de trabajo y legalización. El problema es que nunca cumplió.
Esto continuó por lo menos hasta el año pasado, según entrevistas con algunos inmigrantes latinoamericanos en el Condado de Hillsborough. La única diferencia es que el precio bajó. La tarifa, originalmente de $6,000, cayó a $2,000 por persona.
Pinto reconoció haber actuado "como intermediario" para tratar de obtener permisos, pero lo presentó como un empeño reciente. Achacó la falta de resultados a una mujer a quien llamó Kenya Flores.
"Desapareció. No podemos econtrarla. Es la mujer que ofreció conseguir los permisos de trabajo a través de una oficina en Orlando", dijo Pinto, de 66 años y vecino de South Tampa. "La conocí hace seis u ocho meses. Me pidió que hiciera traducciones de esos documentos. Dijo que podía conseguir los permisos de trabajo".
Pinto negó que hubiera tomado dinero de inmigrantes durante varios años, mucho antes de que, según él, conociera a Flores. The Tampa Tribune no pudo localizar expedientes públicos de alguien con ese nombre en la zona de Orlando.
Pinto aceptó acudir a dos citas para una entrevista más a fondo con el Tribune sobre las alegaciones sobre él. En cada ocasión, tras reunirse con su abogado Richard García, las canceló.
Joan Mathieu, abogada de inmigración en Clearwater que no conoce a Pinto, dijo que en general es ilegal que alguien que no sea abogado ofrezca consejos de inmigración.
"Alguien tiene que denunciar a este hombre al Colegio de Abogados de la Florida", dijo.
Sandra, inmigrante guatemalteca que vive en South Tampa, dijo que en febrero pasado Pinto le cobró $6,000 prometiéndole que conseguiría permisos para ella, su esposo y un hijo. A diferencia de otros que hablaron con el Tribune sobre sus tratos con Pinto, Sandra y su familia están en Estados Unidos legalmente, pues tienen visas de turistas. El Tribune acordó no usar el apellido de Sandra, porque ésta temía que su estatus migratorio fuera a cambiar.
Dijo que creyó en la palabra de Pinto porque alguien en su país se lo recomendó.
"El hermano de mi esposo fue su colega en la escuela, y me dijo que podría ayudarnos a legalizar nuestro estatus", dijo Sandra.
"Engaña a la gente diciéndole que como parte de su trabajo consigue permisos. No dice el nombre de la visa. Sólo dice que es un programa que es parte de la defensoría pública federal".
Fletcher Peacock, defensor público federal del Distrito del Centro de la Florida, dijo no tener conocimiento de que su oficina estuviera involucrada en algún trámite de visa: "A veces, hay una visa de testigo, pero no recuerdo que jamás hayamos tramitado una".
Peacock dijo que conocía a Pinto y que ha hecho trabajos de traducción e interpretación para la oficina de Tampa durante al menos cinco años. "Es muy bueno, muy servicial", afirmó.
Dijo no estar al tanto de que Pinto tuviera un trabajo colateral pidiendo dinero a los inmigrantes prometiendo permisos de trabajo y visas.
Sandra dijo que Pinto le dio el número de su cuenta de cheques en Bank of America.
Agregó que hizo varios depósitos en ella, empezando con un pago de $800 el 6 de febrero del 2007. Tras meses sin resultados, la familia empezó a exigir una devolución. Pinto les dio dos giros de Amscot, de $500 cada uno, el 1º y el 15 de febrero. Todavía les debe $5,000, según ella.
Otros inmigrantes afirman que durante años han tratado de que Pinto les haga una devolución.
Un indocumentado que habló a condición de anonimato, dijo que Pinto lo abordó en su trabajo, en un restaurante, en el 2002. Pinto le preguntó si quería legalizarse.
El indocumentado, con una escolaridad de 5º grado, dijo que acordó hacerle a Pinto un pago inicial de $2,000 por ayudarle a obtener un permiso de trabajo. Afirmó que el hombre canoso, magnético, le inspiró confianza. Era su compatriota de Guatemala, amigo de la gente en el restaurante donde trabajaba. "Lo veía como un hombre mayor que vivía cerca del restaurante, y me dije: 'OK'".
Afirmó que le dio el efectivo a Pinto en dos pagos de $1,000. Pocos meses después, dos hermanos de este hombre dieron también a Pinto $2,000 cada uno por ayudarles a legalizarse. "No me ofreció un recibo. Yo no se lo pedí", dijo el trabajador. "Me dijo:
'Vuélvete a Guatemala y allá tendrás tus visas'"
Regresaron a Guatemala. Sus hermanos nunca volvieron, pero él sí.
"Volví a Guatemala y regresé aquí hace cuatro años, pero nada llegó. Es dinero perdido", afirmó el trabajador. "Dijo que le había dado el dinero a un abogado".
Poco después de pagarle a Pinto, el hombre habló a un compañero de trabajo mexicano llamado Margarito sobre la promesa de Pinto. Margarito, un indocumentado, acordó narrar su experiencia si no se usaba su nombre completo, pues temía ser deportado.
Margarito dijo que habló con Pinto y acordó pagarle $6,000. Afirmó que le pagó en tres plazos: $2,000, $1,000 y $3,000 más un año y medio después del primer pago. Agregó que Pinto hizo el cobro final en el estacionamiento de un Walgreens en Brandon.
Margarito, quien dejó los estudios después del 3º grado para trabajar en siembras de maíz con su familia en el sur de México, dijo que no pidió un recibo.
"Dijo: 'Esto es cosa segura. Vamos a darte papeles. Voy a estar a cargo de esto. Trabajo con alguien en inmigración'", dijo Margarito, quien perdió la esperanza de volver a ver su dinero hasta que oyó que Pinto le había devuelto la tarifa a otro compañero de trabajo.
"Hace como dos años y medio, le hablé para ver si podía devolverme mi dinero. Dijo que iba a mandarme un cheque. Me preguntó mi dirección. Nunca me mandó el dinero. Y eso es todo. Desconectó su teléfono. Cambió de dirección".
Al decírsele que varias personas decían que había estado prometiendo permisos de trabajo a inmigrantes durante varios años, mucho antes de que, según él, conociera a Flores, Pinto lo negó. Afirmó que había ofrecido permisos de trabajo sólo durante aproximadamente un año.
García, el abogado de Pinto, dijo en un e-mail que podía ofrecer al Tribune una lista de abogados a quienes Pinto había referido clientes "que pueden atestiguar de su honestidad e integridad".
Uno de ellos no pudo recordar a Pinto. Otra dijo que le parecía que alguien de ese nombre la había abordado para referirle clientes de inmigración, pero que nunca aceptó su oferta.
Jamy Magro, abogado de daños personales, dijo que ha trabajado a menudo con Pinto como intérprete de compañías de seguros al entrevistar a clientes hispano hablantes de Magro. Afirmó que Pinto nunca le refirió clientes, pero elogió su trabajo como intérprete, al igual que la personalidad de Pinto.
"Verdaderamente profesional. Muy bueno. Y además, un tipo bastante sociable", dijo Magro, indicando que Pinto nunca mencionó estar trabajando con inmigrantes. "Quedaría completamente atónito si estas alegaciones terminando siendo verídicas. Sergio siempre ha sido transparente".
"No soy un sinvergüenza", afirmó Pinto. "No tengo dinero. No tengo propiedades. Si eso fuera verdad, tendría riquezas a montón".
Pinto dijo que cualquiera que insinúe que estuvo tomando miles de dólares de indocumentados en los últimos años "tendría que probarlo con recibos. Eso no es verdad".
En la mayoría de los casos, los recibos no existen. La mayoría de los inmigrantes dijeron al Tribune que pagaron en efectivo y no pidieron recibo. Pero un mexicano llamado
Ignacio sí le pidió uno a Pinto y proporcionó una copia de éste al Tribune.
Esá fechado el 18 de julio del 2003 y la firma es parecida a la de Pinto en otros documentos públicos. En éste, Pinto acuerda actuar como "defensor hispano" que colabora con un "experto en inmigrantes" para ayudar a Ignacio a obtener un permiso de trabajo. "El que suscribe no recibirá pago por sus esfuerzos… El Sr. Pinto debe entregar todos los pagos al tramitador profesional de inmigración".
El costo total: $6,000, en tres pagos de $2,000. El trámite, se indica, tomaría 18 meses.
"Le pedí un recibo. Le dije: 'Yo no te voy a dar dinero así como así'", dijo Ignacio.
Graduado de secundaria y capaz de hablar inglés, Ignacio consiguió que le devolvieran su dinero. Dijo que empezó a presionar a Pinto al no ver trazas de un permiso de trabajo.
Para entonces, le había hecho a Pinto dos de los pagos de $2,000.
Afirmó que la devolución tomó dos años y Pinto lo hizo con dos cheques de $2,000, extendidos con pocos meses de diferencia en el 2005. Pero conoce a varios compañeros de trabajo que no obtuvieron los permisos, ni una devolución.
Para comunicarse con la reportera: kbranch-brioso@tampatrib.com o 813-259-7815
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