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Viviendo en la sombra
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Published: October 12, 2007
TAMPA -- La suerte no acompañó a Miguel Labrador. Desorientado en una ciudad en la que vivía hacía poco tiempo, llegó tarde a la cita aquel día de mayo de 1997.
La cita era con el juez Charles Sanders en una corte de inmigración de Miami, y la demora de 15 minutos trastornó su vida de una manera que nunca pudo imaginar.
"Mi caso es medio ilógico", dijo Labrador, de 43 años. "No conocía Miami, me perdí y llegué tarde". La demora hizo que ordenaran su deportación.
Hace casi una década, este exiliado cubano busca que el gobierno desista de deportarlo, para poder convertirse en ciudadano estadounidense y tener acceso pleno a servicios y asistencia gubernamentales.
"He vivido en la sombra por años con mi deportación", dijo Labrador, postrado en una silla de su pequeño apartamento en Carrollwood.
Labrador padece una enfermedad degenerativa muscular, llamada Lou Gehrig o ALS, que impide sus movimientos. A su lado, su esposa Teresa, también cubana, trata de animarlo. Ella dejó de trabajar para cuidarlo. Les acompaña uno de sus tres hijos, Melary, de tres años.
Labrador recibe actualmente cupones para alimentos y $259 al mes por discapacidad.
Según Labrador, su trama de desaciertos migratorios empezó desde que llegó en una balsa al sur de la Florida procedente de Cuba en 1996. "Entré escondido y no sabía nada sobre inmigración", dijo.
Labrador contó que en la isla trabajaba en la construcción. Dijo que cumplió allí una sanción de seis meses por delitos políticos, pero no trajo consigo documentos para probarlo. Tres meses después de su llegada, se presentó a las autoridades para pedir asilo político.
De acuerdo con Labrador, obtuvo en ese momento permiso de trabajo y autorización para solicitar un número del Seguro Social, pero su asilo fue denegado por falta de pruebas. También fue remitido a la corte de inmigración en Miami para demostrar su caso de asilo.
En una primera cita, según Labrador, el juez le exigió que consiguiera un abogado que lo representara. Labrador dijo que buscó asistencia legal gratuita, pero no la encontró. Al presentarse ante la corte por segunda vez, Labrador dijo que el juez insistió en que debía conseguir un abogado y le dio una tercera cita.
Fue entonces que se extravió y llegó tarde.
De acuerdo con un documento oficial, Labrador no compareció ante el juez Sanders el 15 de mayo de 1997 para sustanciar su petición de asilo, retención de deportación o partida voluntaria. El juez falló en su ausencia.
"Como el peticionario no compareció ni mostró razón alguna para no hacerlo, los procedimientos de deportación se efectuaron en su ausencia", se indicó en el fallo de dos páginas, firmado por el juez Sanders.
"El peticionario no se encuentra presente para establecer si cumple los requisitos para cualquier alivio de la deportación, y por tanto, se ordena que sea deportado al país de su nacionalidad", señaló el fallo.
Seis años después, en el 2003, Labrador había fundado una familia y permanecía en Estados Unidos.
La razón: el gobierno cubano no acepta la devolución de sus ciudadanos, salvo en casos excepcionales en que han mediado un tratado o acuerdo previo con Washington.
"[Es parte] de las arbitrariedades de Castro", dijo el doctor Osberto Fernández, delegado del Consejo del Exilio Cubano de Tampa.
Labrador pidió a la corte que volviera a escuchar su caso, pero ésta denegó en el 2004 su petición de
un parole humanitario. Ese año, Labrador se mudó a Tampa y trabajó como chofer de camión hasta que se enfermó.
Buscó a partir de entonces la ayuda de políticos y organizaciones, con pocos resultados. En el 2005, según Labrador, su caso se reabrió gracias a una gestión del entonces representante demócrata Jim Davis. Al año siguiente, logró que le concedieran una orden de supervisión migratoria a un plazo de un año.
De acuerdo con la orden, Labrador tendría que reportar cada mes por teléfono a las autoridades de inmigración. La orden vencía el 13 de octubre de este año.
Labrador forma parte de los más de 30,000 cubanos que tienen órdenes de deportación pendientes, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La mayoría de estas órdenes no se ejecutan.
Según el Servicio de Inmigración, el año pasado se ordenó la deportación de 5,089 cubanos; en el 2005, 4,282, y 1,831 en el 2004. Gran parte de ellos han sido hallados culpables de delitos, algo que los hace deportables automáticamente.
La mayoría de los balseros cubanos que llegan a EEUU logran permanecer en el país al amparo de la política de "pies secos, pies mojados", derivada de un acuerdo de inmigración suscrito en 1994 entre Cuba y EEUU. De acuerdo con éste, los balseros interceptados en alta mar tienen que ser devueltos a la isla. El trato no abarca a los que pisan tierra firme.
La Ley de Ajuste Cubano, aprobada por el Congreso en 1966, permite a los cubanos admitidos por EEUU obtener la residencia permanente al año y un día de estar en el país.
Labrador no se acogió a ninguna de las dos opciones. Dijo desconocer la política de "pies secos, pies mojados", así como la Ley de Ajuste.
Según Adriana Guzmán, abogada de inmigración en Tampa, los cubanos pueden volverse deportables por diversas razones, además de haber cometido delitos. "Están los que llegaron y no fueron presentados ante un funcionario de inmigración, o resultaron haciendo una aplicación de asilo, sin haber tenido el parole", dijo. En tales casos, agregó Guzmán, sus solicitudes no prosperan y llega la deportación.
Manfred Rosenow, un experto de inmigración en Miami, coincidió en que la deportación a Cuba no es generalmente aplicable. "No se practica, no por razones norteamericanas, sino porque Cuba no los recibe", dijo Rosenow. Según él, mientras exista el comunismo en Cuba, los casos de deportación están aplazados.
Hablando desde Miami, Rosenow calificó a los cubanos de "privilegiados" en materia de leyes de inmigración. "Existe una disparidad en las leyes de inmigración, ya que los cubanos tienen una posición privilegiada en EEUU con respecto a otros países".
Pero de momento Labrador no se considera privilegiado y sólo busca a un abogado que tome su caso gratuitamente. "Nunca he tenido problemas con la ley y siempre he pagado mis impuestos", dijo.
Le preocupa su próxima cita con inmigración, esta semana, y también el futuro de sus hijos. Esta vez espera llegar a tiempo.
Para comunicarse con nuestra reportera gcook@centrotampa.com o 813-259-8477
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