Publicado: 27/12/2007
TAMPA-- Estarían en juego los puestos de algunos empleados municipales de grupos minoritarios, entre ellos hispanos, según un estudio. Pero pocos latinos participaron en una manifestación frente al ayuntamiento de Tampa la semana pasada, para protestar por los despidos anunciados en noviembre por la alcaldesa Pam Iorio.
Sólo un hispano habló ese mismo día en una sesión del concejo en que se trató el tema y por lo menos dos líderes hispanas locales consultadas posteriormente dijeron no estar al tanto de esta situación.
En la sesión del concejo el 20 de diciembre, algunos comisionados expresaron reservas sobre los despidos.
Charlie Miranda, concejal por el Distrito 6, pidió al gobierno municipal que considerara hacer más reducciones en los gastos de viaje y sugirió que se analizara cuántas jubilaciones estarían por realizarse. "Lo peor que cualquier compañía grande puede hacer es perder la moral de los empleados", dijo Miranda.
Alonso Ramírez, empleado de seguridad del Departamento de Acueductos y el único hispano que habló en la sesión, dijo que "hay muchas maneras de recortar gastos sin quitarnos nuestros empleos". Luego, quitándose un zapato y mostrándolo a la audiencia, Ramírez afirmó que "un par de zapatos como éste cuesta $160 y nos dan un par cada año".
"Sería mejor que nos dieran sólo un par de zapatos de $80 cada dos años y que no perdamos nuestros empleos", concluyó.
María Steijlen, miembro del Consejo Asesor Hispano de la Alcaldía, dijo en entrevista telefónica no estar al tanto de la protesta. María Esther Carrillo, presidenta de la Alianza Hispana de la Bahía de Tampa, organiza ción que agrupa a decenas de entidades latinas, dijo por teléfono no conocer lo ocurrido porque se encontraba fuera de la ciudad.
En noviembre, la alcaldesa Iorio anunció que la ciudad planeaba privatizar sus servicios de seguridad y mantenimiento y que, como resultado, unos 100 empleados del municipio serían cesanteados el año próximo.
Un estudio hecho a pedido del concejal John Dingfelder determinó la semana pasada que aproximadamente el 70% de los empleados que podrían resultar despedidos serían miembros de grupos minoritarios. El estudio fue conducido por personal de la oficina de Dingfelder, después de que el abogado municipal David Smith rehusó que el municipio se encargara del mismo, aduciendo que éste expondría a la ciudad a responsabilidades legales.
Ramírez, de origen puertorriqueño, dijo en una entrevista posterior que lo más arriesgado de estos despidos era la seguridad de la comunidad.
"Lo que más nos preocu pa es que las compañías de seguridad privadas no saben si esos oficiales de seguridad han tenido un caso criminal.
Pueden entrar terroristas y comprar a uno de ellos [los guardias] y causar una catástrofe masiva", dijo.
Describiendo la privatización de estos servicios, Ramírez recurrió a una expresión típica de su tierra. "Van a cambiar chinas [naranjas] por botellas", afirmó.
Ellen Gedalius, de The Tampa Tribune, contribuyó a esta información.
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